Los expertos critican las medidas de fomento del arrendamiento impulsadas por el Gobierno

MADRID.- Los expertos convocados por la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados han denunciado las 'lagunas' del proyecto de Ley de medidas de fomento del alquiler de viviendas y la eficiencia energética de los edificios propuestas desde el Ministerio de Corredor. Además, advirtieron de que "tal y como está prevista, no se va a ningún lado", por lo que urgieron a corregirla. Esta crítica llego sólo unos días después de que el BBVA pusiera en entredicho la política estatal en materia de VPO.

En esa dirección apuntó en primer lugar el jurista Daniel Loscertales, quien remarcó que no hay leyes "más sociales" que aquellas que se refieren a la vivienda. Señaló que es "una pena" que no se haya planteado un texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 en lugar de plantear una serie de reformas parciales que no resuelven la complejidad del sistema jurídico.

La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos presentada por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y aprobada por el Gobierno a finales de 2008, cambia el artículo 9 de la norma planteando que cuando el propietario crea que va a necesitar su vivienda antes de cinco años, la pueda recuperar si la precisa para él, para sus hijos o sus padres, eso sí, siempre que lo especifique en el contrato.

Loscertales arremetió duramente contra este punto, ya que "nadie sabe cuál va a ser su futuro" cuando redacta los contratos, y advirtió a los portavoces de que por reducir a tres o incluso un año este plazo "no pasa nada". "No puede ser que el arrendamiento dure eternamente", señaló el experto, quien por otro lado aplaudió que se reduzcan los plazos de preaviso a un mes.

A su juicio, señaló que "ha habido abusos siempre", pero incidió en que esta norma no pondría en riesgo a los inquilinos que cumplen con los contratos. "Si un arrendador encuentra un arrendatario que le cuida la casa y le paga la casa, tiene una mina", aseveró.

Asimismo, defendió la necesidad de garantizar la libertad de pactos en los contratos para la compra de la vivienda que, en su opinión, "está mucho peor" con la norma actual que con la de 1964. Esto explica que el mercado del alquiler siga anclado en niveles de hace más de dos décadas, con el 9% del total del sector de la vivienda.

También arremetió contra la complejidad del propio texto del proyecto legislativo que, aseguró, supone una reforma de la ley que "nadie sabe lo que quiere decir". "Las leyes tienen que ser sencillas para evitar abusos", sentenció.

Respecto a la Ley de Enjuiciamiento Civil, también en trámite, para agilizar los desahucios, Loscertales señaló que "mientras los juzgados no funcionen como dios manda, los procesos judiciales no se van a acelerar".

En línea similar se expresó el abogado y ex diputado de CiU, Santiago Martínez Saurí, quien lamenta el "drama" de los impagos y advierte de que se trata de un tema que afecta a toda la sociedad. "Cuando un arrendatario no puede pagar sus rentas por la miseria no puede ser el arrendador el que asuma toda la carga de esta miseria, sino toda la sociedad la que tiene que ayudar a ese desgraciado", remachó.