PRC y PSOE defienden el alquiler del inmueble de Los Castros
PRC y PSOE defendieron ayer el contrato de alquiler del inmueble de la Avenida de los Castros de Santander para alojar parte de los fondos del Museo de Prehistoria, suscrito el 22 de noviembre de 2007 por el Gobierno autonómico y el alcalde de Medio Cudeyo, el regionalista Juan José Perojo, propietario del local. Durante el Pleno del Parlamento de ayer, los grupos que sostienen al Ejecutivo rechazaron una propuesta de resolución del PP, que consistía en instar al Gobierno a romper «de mutuo acuerdo» el contrato de ocho años prorroglables. Según la exposición de motivos de la moción del partido de la oposición, «dónde se ubica temporalmente el museo de titularidad autonómica más importante de Cantabria y cómo se gasta el dinero de los ciudadanos en un momento de especial dificultad económica, es una decisión importante que debe ser resuelta con responsabilidad por el Gobierno, en aras a garantizar no sólo la mejor ubicación posible para una infraestructura cultural que atesora uno de los patrimonios arqueológicos más importantes de Europa sino también la austeridad en el gasto público».
La parlamentaria del PP Tamara González criticó que el contrato de alquiler supondrá «sólo en concepto de alquiler hasta noviembre de 2015, la cantidad de 779.520 euros, a la que hay que añadir 1.399.841 euros por las obras de acondicionamiento del local, que según se prevé en el contrato también quedarán en beneficio del propietario». González destacó que las ubicaciones alternativas de Gravina y Tabacalera no habrían supuesto «ningún coste» al Ejecutivo, y aseguró que el contrato responde a un «trato de favor» del Gobierno a Perojo.
En este sentido, afirmó que el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, «sigue despilfarrando dinero público con el único objetivo de favorecer a sus amigos». Fue el portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, el encargado de responder al PP, al que acusó de haber mentido reiteradamente en torno a esta cuestión.
Así, señaló que el hecho de que el contrato –que calificó de «impecable»– haya sido firmado por el jefe de Servicio de Patrimonio –a quien calificó de «miembro relevante» del PP– «pone al descubierto la sarta de mentiras» del partido de la oposición. «La única irregularidad, y grave, sería precisamente la disolución del contrato», consideró.
De la Sierra aseguró que «en contratación administrativa, lo inmoral es lo ilegal», y recordó al PP que «un trato de favor es ilegal, así que si ustedes consideran que hay amiguismo, vayan a los tribunales». En la misma línea se expresó la parlamentaria del PSOE Cristina Pereda, quien incidió en la «presunción de legalidad de los actos de la Administración», y conminó al partido de la oposición a acudir «a los tribunales» si han detectado en el contrato de alquiler «indicios que violan la legalidad».
«Si no lo hacen y existiera el delito, serían ustedes cómplices», espetó a los parlamentarios del PP, quienes siguen negándose a acudir a los tribunales de Justicia para denunciar el contrato, a pesar de sus reiteradas acusaciones al Ejecutivo de haber procurado un «trato de favor» al alcalde de Medio Cudeyo, al haberle alquilado «a dedo» el local de la Avenida de los Castros para alojar parte de los fondos del Museo de Prehistoria. «Sean respetuosos con la democracia y respeten las instituciones», les recomendó Pereda.
La parlamentaria del PP Tamara González criticó que el contrato de alquiler supondrá «sólo en concepto de alquiler hasta noviembre de 2015, la cantidad de 779.520 euros, a la que hay que añadir 1.399.841 euros por las obras de acondicionamiento del local, que según se prevé en el contrato también quedarán en beneficio del propietario». González destacó que las ubicaciones alternativas de Gravina y Tabacalera no habrían supuesto «ningún coste» al Ejecutivo, y aseguró que el contrato responde a un «trato de favor» del Gobierno a Perojo.
En este sentido, afirmó que el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, «sigue despilfarrando dinero público con el único objetivo de favorecer a sus amigos». Fue el portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, el encargado de responder al PP, al que acusó de haber mentido reiteradamente en torno a esta cuestión.
Así, señaló que el hecho de que el contrato –que calificó de «impecable»– haya sido firmado por el jefe de Servicio de Patrimonio –a quien calificó de «miembro relevante» del PP– «pone al descubierto la sarta de mentiras» del partido de la oposición. «La única irregularidad, y grave, sería precisamente la disolución del contrato», consideró.
De la Sierra aseguró que «en contratación administrativa, lo inmoral es lo ilegal», y recordó al PP que «un trato de favor es ilegal, así que si ustedes consideran que hay amiguismo, vayan a los tribunales». En la misma línea se expresó la parlamentaria del PSOE Cristina Pereda, quien incidió en la «presunción de legalidad de los actos de la Administración», y conminó al partido de la oposición a acudir «a los tribunales» si han detectado en el contrato de alquiler «indicios que violan la legalidad».
«Si no lo hacen y existiera el delito, serían ustedes cómplices», espetó a los parlamentarios del PP, quienes siguen negándose a acudir a los tribunales de Justicia para denunciar el contrato, a pesar de sus reiteradas acusaciones al Ejecutivo de haber procurado un «trato de favor» al alcalde de Medio Cudeyo, al haberle alquilado «a dedo» el local de la Avenida de los Castros para alojar parte de los fondos del Museo de Prehistoria. «Sean respetuosos con la democracia y respeten las instituciones», les recomendó Pereda.
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